Qué es un concurso de acreedores y cómo afrontar el proceso concursal

Para mal de muchos empresarios, todos corren el riesgo de caer en una situación de insolvencia a causa de falta de liquidez para afrontar sus deudas. De ser así, los propietarios están obligados por Ley a solicitar el concurso de acreedores antes de que otros tomen las riendas para abordar el problema.

¿Qué es un concurso de acreedores?

Un concurso de acreedores es el proceso judicial al que deben someterse tanto las personas físicas –autónomos- como las personas jurídicas -empresas- cuando no pueden hacer frente al pago de sus deudas y compromisos financieros. Encontrándose así en una situación de insolvencia que deben declarar de forma inmediata para evitar que esta sea declarada por cualquier socio o acreedor de la compañía.

Así pues, el concurso de acreedores es un mecanismo utilizado para intentar librar a las empresas de una quiebra inminente cuando estos no pueden afrontar el pago del salario de sus empleados, el pago de sus acreedores y el pago del resto de obligaciones tributarias y fiscales.

Aunque el término “concurso de acreedores” suena algo reciente, su definición y funcionalidad ha estado siempre presente en nuestra sociedad. Y es que, antes de la reforma de la Ley Concursal en 2003, el concurso de acreedores que conocemos hoy en día es lo que desde siempre se ha denominado “suspensión de pagos” en caso de insolvencia transitoria o bien, “quiebra” cuando la situación era definitiva.

No obstante, tras la reforma de la Ley 22/2003 Concursal se unificaron ambos procesos bajo el concepto “concurso de acreedores”.

Las dos modalidades del concurso de acreedores

De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley Concursal, existen dos modalidades del concurso de acreedores:

  • El concurso voluntario: Adquiere el carácter de “voluntario” cuando es el propietario quién –cumpliendo con sus obligaciones- declara la situación de insolvencia frente a la Administración tras ser consciente de su falta de liquidez. A partir de su declaración, el propietario dispone de un margen de 3 meses para negociar con sus acreedores de acuerdo a la Ley.
  • El concurso necesario/forzoso: Por el contrario, hablamos de concurso forzoso cuando son los acreedores o socios de la empresa quiénes declaran la imposibilidad de pagos.

La diferencia entre ambas modalidades es la implicación de los responsables de la compañía.

Mientras que en un concurso de carácter voluntario, los propietarios continúan al frente de la empresa aunque supervisados por un administrador concursal. En el caso de un concurso de carácter forzoso, el administrador concursal denominado por el juez es quién toma las riendas de la empresa y deja fuera de la gestión y administración del patrimonio a sus responsables.

Cómo afrontar un proceso concursal

El preconcurso de acreedores

En caso de optar por un concurso voluntario, los propietarios de la compañía inician un proceso conocido como “preconcurso de acreedores”, dado que como adelantábamos, disponen de tres meses de margen para negociar con los acreedores.

En caso de no llegar a un acuerdo, los responsables disponen de un mes para declarar la situación definitiva de concurso de acreedores. Es entonces cuando un abogado o economista experto en condición de Administrador Concursal y nombrado por el juez debe asumir el mando y gestionar de forma adecuada los activos de la empresa. Velando así por la salvación de la compañía a través de negociaciones con los acreedores, sobre todo entidades financieras como bancos.

Obligaciones, derechos y limitaciones del deudor

Una vez declarado el concurso de acreedores, el deudor tiene la obligación de comparecer ante el juzgado de lo mercantil y la administración concursal para colaborar e informar sobre todo lo requerido para el interés del concurso.

Asimismo, el deudor posee el derecho a continuar con la actividad profesional y comercial que desempeña siempre y cuando no se suspendan sus facultades de gestión y administración por parte del juez. De ser así, el juez puede adoptar medidas como el cierre total o parcial de las oficinas e incluso el cese total o parcial de la actividad empresarial.

Beneficios del concurso voluntario de acreedores

Además de conservar sus facultades respecto a la gestión y administración del patrimonio –aunque sea bajo supervisión- el deudor gozará de los siguientes beneficios si opta por el concurso de carácter voluntario:

  • Se detienen las demandas interpuestas por acreedores.
  • Las entidades financieras no pueden ejecutar ninguna acción frente al impago del préstamo hipotecario.
  • Las deudas no devengan intereses.

Resolución del proceso concursal

Una vez finalizado el concurso, este puede obtener una resolución satisfactoria en la que tras llegar a un acuerdo de refinanciación las limitaciones interpuestas por parte del juez quedan sin efecto y el deudor recupera sus plenas facultades de gestión y administración.

O por el contrario, puede concluir con la liquidación y disolución de la empresa. En este caso, el Administrador Concursal debe presentar un Plan de liquidación para organizar la prelación de pagos a los acreedores. Teniendo especial preferencia aquellos de masa activa como por ejemplo el salario e indemnización de los empleados.


A pesar que, durante el pasado año 2016 se redujo el número de empresas sometidas a proceso concursal en España sumando un total de 2.767 concursos de acreedores de acuerdo a los datos del Baremo Concursal de PwC.

El porcentaje de acuerdos satisfactorios para evitar la liquidación y disolución de la empresa no alcanza el 4% según datos del Radar Empresarial de Axesor. Por lo que, el resultado frecuente de los procesos concursales en España continua siendo el cierre de la empresa en cuestión.

Por ello, es indispensable contar con un buen asesoramiento por parte de abogados y economistas expertos a la hora de implicarnos en un proceso concursal.

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