Si existe o no dicha obligación se establece en el Real Decreto 113/1998, publicado en el BOE de 30 de enero, donde se estableció que los arrendatarios que fueran empresarios, profesionales, o entidades jurídicas, debían practicar una retención del 21 por ciento ( 15% en la ley y posteriormente modificado ) en el IRPF, sobre los alquileres de inmuebles urbanos.

Como resumen:

Es obligatorio aplicar la retención cuando se alquile un local comercial o en general cualquier edificación, construcción e instalación que sea utilizada para cualquiera actividad empresarial o profesional. La única excepción resulta aplicable cuando el propietario tenga bienes de valor superior a 600.000 € que consten en el IAE. Esto ha de ser demostrado mediante certificado emitido por hacienda. En caso de no disponer de él se ha de aplicar retención.

No es obligatorio retener en:
– En los arrendamientos de viviendas.
– Cuando el local, no sea utilizado por una empresa o un profesional, en el ejercicio de su actividad empresarial, es decir, cuando se alquile una vivienda.
– Cuando el arrendador, está sometido al IAE, por el epígrafe 861 de las tarifas y no resulte cuota cero. En cuyo caso, el arrendador deberá solicitar a la Agencia Tributaria un certificado en el que se acredite y además deberá hacerlo de forma anual.
– Cuando una empresa arriende una vivienda para sus empleados.
– Arrendamientos financieros o leasings.
– Rentas de entidades plenamente exentas de IRPF o Impuesto sobre Sociedades.

Únicamente no están sujetos a retención aquellos gastos que el arrendador repercute el arrendatario como gastos de comunidad, calefacción, IBI, etc.

La obligación del arrendatario es:
– Practicar una retención del 21% e ingresarla mensual o trimestralmente en Hacienda, mediante el modelo 115.
– Expedir y entregar al arrendador, una certificación de la retención efectuada.
– Presentar un resumen anual de las retenciones practicadas.

Si el arrendatario no cumple sus obligaciones y no ingresa la retención, se considera una infracción grave, a la que es aplicable una sanción que oscila entre el 75% y el 150% de la cantidad que debió ser ingresada.

Y además si el arrendatario no cumple sus obligaciones y no emite el certificado de retenciones, comete una infracción simple que puede suponer una multa variable en función de los datos no declarados. A la hora de formalizar la declaración de la Renta o del Impuesto sobre Sociedades, las cantidades retenidas, se consideran como cantidades pagadas a cuenta por los arrendadores.